21 años de libertad

Distribuir contenido

La muerte de Manuel Contreras y el horror de Estado que no se debe olvidar

08 de Agosto de 2015 -

Manuel Contreras

"Esta es la hora para que cualquier poder militar quede definitivamente sometido a la autoridad democrática, a través de una Nueva Constitución que sea hecha con la participación de la Ciudadanía, en un verdadero acto de “nunca más” al horror del terrorismo de Estado (...) Chile debe pedir inmediatamente la captura internacional de Henry Kissinger (...) por su responsabilidad en los genocidios organizados por los aparatos de seguridad de Estados Unidos, así como por su relación con la CIA, la DINA y el “Plan Cóndor”. En segundo lugar, se debe investigar y sancionar a los civiles que fomentaron y apoyaron el régimen represivo, empezando por Agustín Edwards Eastman, dueño de las Empresas El Mercurio S.A.P"

La muerte de Manuel Contreras no es solamente el deceso de un criminal. No es tampoco el final del ex director de la DINA que simbolizó lo peor de la represión. Tras la huella de su vida, envuelta en causas y condenas por desapariciones y torturas, permanece aún viva toda la realidad del horror que se vivió en Chile. Es la realidad del terrorismo de Estado que impone el deber de no olvidar y que obliga a desenmascarar la razón instrumental del Poder que planificó y ejecutó el exterminio.

Al igual que el Régimen Nazi en Europa, los crímenes cometidos en América Latina bajo la Doctrina de Seguridad Nacional y el entrenamiento de la Escuela de las Américas, son fruto de un método sistemático e impersonal que se propuso torturar y desaparecer cuerpos, para así infundir el miedo en la población y lograr por medio de la fuerza el control de los procesos políticos, económicos y sociales.

En cada país del continente existen represores que serán recordados por la especial crueldad y brutalidad con que humillaron a sus víctimas. Tal es el caso de Manuel Contreras. Pero lo que no se debe olvidar jamás es que se trataba de cuadros militares que fueron especialmente entrenados para exterminar, aplicando y siguiendo los lineamientos de una oscura política que fue diseñada en Estados Unidos con la complicidad de grupos y personas civiles.

La muerte del “Mamo” ocurre en un momento de crucial importancia en cuanto a las posibilidades reales de lograr verdad y justicia en las múltiples investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos que se encuentran abiertas. Han transcurrido 42 años desde el Golpe de Estado, y muchos de los familiares de las víctimas simplemente fallecieron esperando conocer el destino de sus seres queridos. De igual manera, tantos años después, los represores se encuentran en edad senil ocultando documentos e información que dentro de poco serán irrecuperables. El silencio que guardan no es producto de un "pacto" entre ellos, sino de la protección que les brindan las propias Fuerzas Armadas.

Si realmente los gobernantes y la clase dirigente quieren ufanarse de la calidad de la Democracia alcanzada, deben entonces hacerse cargo sin más dilaciones de todas las deudas pendientes, empezando por la sustitución definitiva de la Constitución de 1980 elaborada por la Dictadura, y en cuyo contenido se encuentra presente el germen genocida de la Doctrina de Seguridad Nacional y el rol “tutelar” de los estamentos armados. Es una vergüenza que pese a las reformas introducidas en 2005, la Carta Fundamental siga afirmando por definición que los comandantes en jefe “son inamovibles” aun cuando se haya incorporado un mecanismo de sujeción al poder civil. Esta es la hora para que cualquier poder militar quede definitivamente sometido a la autoridad democrática, a través de una Nueva Constitución que sea hecha con la participación de la Ciudadanía, en un verdadero acto de “nunca más” al horror del terrorismo de Estado.

Aún es tiempo para que la Justicia y la Cancillería tomen la iniciativa para perseguir a los otros criminales y responsables que estuvieron en la planificación del exterminio: En primer lugar, Chile debe pedir inmediatamente la captura internacional de Henry Kissinger bajo jurisdicción de la Corte Penal Internacional, por su responsabilidad en los genocidios organizados por los aparatos de seguridad de Estados Unidos, así como por su relación con la CIA, la DINA y el “Plan Cóndor”. En segundo lugar, se debe investigar y sancionar a los civiles que fomentaron y apoyaron el régimen represivo, empezando por Agustín Edwards Eastman, dueño de las Empresas El Mercurio S.A.P. y quien como ya es de público conocimiento se contactó personalmente con Kissinger y prestó sus medios para los encubrimientos de la DINA y la CNI.

Por último, deben adoptarse todas las medidas educativas y jurídicas para que “la racionalidad del horror” sea conocida por las nuevas generaciones de chilenos, y quede prohibido -como una afrenta a todas las víctimas- la negación pública de los crímenes acometidos.

Facebook Mail

Comenta con tu Facebook

Compartir es mejor!. Salvo indiquemos lo contrario, nuestros contenidos están bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.0. Creative Commons Atribución-NoComercial 2.0.

Resúmenes - Administrar