21 años de libertad

Distribuir contenido

La Asamblea Constituyente puede y debe ser institucional

22 de Mayo de 2015 -

Asamblea Constituyente

La demanda ciudadana por una Asamblea Constituyente atraviesa una importante encrucijada: esclarecer cómo se convoca y cuáles son sus reglas de funcionamiento en el marco de la actual institucionalidad. No es posible seguir promoviendo esta consigna sin responder con argumentos las dudas que genera. El momento político exige enfrentar con propuestas los temores que subyacen en la falta de claridad con que el Gobierno ha delineado el proceso para arribar a una nueva Constitución.

En tal sentido parece necesario reafirmar que la Asamblea Constituyente no es un estado de exaltación revolucionaria, sino un método participativo, pluralista y democrático para proponer al país una nueva Carta Fundamental, la cual en última instancia sólo puede ser aprobada o rechazada por la ciudadanía en un plebiscito. La misma historia de Chile nos debiera hacer más comprensible este aprendizaje. La actual Constitución se originó a partir de un hecho de fuerza tan doloroso como lo fue el Golpe de Estado de 1973. En total contraste, la renovación de la vida democrática debe fundamentarse no en la fuerza, sino en un acto de derecho que otorgue plena legitimidad al ciclo político que habrá de comenzar a continuación.

Por ello, es tan importante que la Asamblea Constituyente sea “institucional”, si de esta manera se entiende que donde antes hubo exclusión e imposición, hoy por el contrario debe haber participación y diálogo, con reglas del juego claras y equitativas para todos los sectores políticos.

Mucho se ha dicho que la Constitución de 1980 no contempla este tipo de organismo y que sólo permite la reforma constitucional parcial a través del Poder Legislativo, con lo cual se ha querido proponer una “Comisión Bicameral” como instancia constituyente. Sin entrar a descalificar de ante mano una posibilidad así, quisiéramos por el contrario argumentar que la respuesta a la encrucijada de la “Asamblea Constituyente” se encuentra precisamente en manos del Congreso, que es el “momento institucional” que puede habilitarla y legislarla.

En otras palabras, el debate hasta ahora ha sido como “poner la carreta delante de los bueyes”, porque antes de descartar la Constituyente por su falta de institucionalidad, habría primero que intentar que las instituciones la crearan y le dieran cabida a través de una Reforma Constitucional.

Una propuesta, un camino

Ahora podemos entonces intentar responder a la pregunta sobre cómo se convoca una Asamblea Constituyente y cuáles son sus reglas de funcionamiento en el marco de la actual institucionalidad: La Presidenta de la República envía al Congreso un proyecto de Reforma Constitucional que agrega un capítulo a la Carta de 1980 “Sobre la reforma completa o la redacción de una Nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente”, la cual tendría que ser aprobada por ambas cámaras con los quórums establecidos, y que exigiría a la Nueva Mayoría ocupar todos sus votos y convencer a la oposición con el argumento de que todos serán parte del nuevo proceso.

De este modo es el Congreso de la República el que puede regular el mandato de una Asamblea Constituyente y establecer sus funciones, cronogramas y plazos, su sistema de elección y proporcionalidad, las cuotas de género y de Pueblos Indígenas, además de fijar las inhabilidades para que ni los parlamentarios ni otras autoridades en ejercicio puedan ser elegidos como constituyentes, y a la inversa que los constituyentes no puedan ser parlamentarios en el periodo inmediatamente posterior.

Los desprestigiados partidos políticos ganarían con el sólo hecho convocar y de ser parte de todo el proceso. La mesa de este foro tendrá que ser grande y la representación política deberá considerar a los independientes de otros sectores sociales no partidistas, tales como sindicatos, gremios empresariales, y diferentes movimientos y agrupaciones temáticas y territoriales que quieran postular en el marco del sufragio directo y personal. La Asamblea Constituyente institucional sería así un acto de pleno derecho que involucra tanto a la institucionalidad por cambiar, como a la sociedad que ganaría una instancia de participación política y social vinculante hasta el punto de proponer con integridad un nuevo texto constitucional. Pero siempre la última palabra será la de la soberanía popular ejercida mediante el plebiscito.

Alguien podría objetar que esto es como soñar en colores, que no existe la voluntad en el oficialismo, y que hay sectores que se oponen de todas maneras. Aunque sean ciertas estas dificultades, también es bueno recordar lo siguiente:

  • En 2005 ya se hizo una Reforma a través del Congreso binominal y se trató de presentar como una nueva Constitución sin éxito.
  • El 60% de la población no participó en los últimos comicios y la organización social está altamente fragmentada.
  • Hay una crisis del sistema de partidos políticos que afecta también la confianza en las instituciones democráticas, y la gobernabilidad del escenario actual puede no continuar en el futuro.
  • La Política es el medio para persuadir, debatir, aprobar o rechazar estas ideas, y hasta ahora no ha habido una discusión en serio sobre una propuesta concreta de Asamblea Constituyente institucional.

Por último, y teniendo en cuenta que la resistencia viene principalmente de los partidos políticos representados en el Congreso: ¿Qué mejor escenario puede existir para hacer una reforma democrática tan importante, donde sean las propias instituciones las que en un acto de generosidad abren mediante el derecho el cauce para el cambio, y son ellas y sus partidos al mismo tiempo parte del proceso antes, durante y después?

Facebook Mail

Comenta con tu Facebook

Compartir es mejor!. Salvo indiquemos lo contrario, nuestros contenidos están bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 2.0. Creative Commons Atribución-NoComercial 2.0.

Resúmenes - Administrar