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La Asamblea Constituyente necesita una “Reforma Habilitante”

09 de Junio de 2015 -

La pertinencia de una Asamblea Constituyente o de otros mecanismos para arribar a una Nueva Constitución, dependen de la modificación del Capítulo 15 de la actual Carta Fundamental. En concreto se necesita una “Reforma Habilitante” que sustituya los quórum supra mayoritarios, junto con establecer una alternativa para los casos en que no haya acuerdo y simplificar el llamado a plebiscito.

Los tres aspectos están contenidos en la parte final de la Constitución de 1980, y en tanto no se modifiquen seguirán funcionando como verdaderos “candados institucionales”. En primer lugar se encuentra la “súper mayoría”, que requiere los dos tercios o tres quintos de cada cámara dependiendo del capítulo constitucional por reformar, y que plantea la difícil condición previa de lograr un alto grado de consenso entre las fuerzas políticas.

El segundo escollo es  el “derecho a veto” que se le otorga a la minoría contraria al cambio, ya que en lugar de haber un incentivo para lograr un acuerdo razonable, por el contrario basta con que se oponga e impida la “súper mayoría” para que siga vigente la norma constitucional de 1980. Por último, en lo que se refiere al Plebiscito, éste sólo se contempla como un recurso arbitral en caso de “observación” o “rechazo” del Presidente a una reforma en la que “insistan” ambas cámaras legislativas. Su lugar dentro de la deliberación y su modo de convocatoria no son claros.

Este diagnóstico sustenta la necesidad de una “Reforma Habilitante” que dé institucionalidad a las diversas opciones que se han barajado para el “Proceso Constituyente”. Así se trate de múltiples Cabildos Ciudadanos, de una Comisión Bicameral, de una Comisión de Expertos, o bien de una Asamblea Constituyente. En cada caso resulta difícil prever el itinerario si primero no se impulsa un pacto político y social para modificar el Capítulo 15 de la Carta Fundamental.

La opción por una Asamblea Constituyente legislada por el Congreso en el marco de una reforma al Capítulo 15, cobra sentido por las facilidades y garantías que ésta otorga para conseguir una Nueva Constitución que sea democrática y legítima. En primer lugar se trata de un foro único y nacional para la diversidad del país, en lugar de múltiples foros locales que hacen necesaria una instancia posterior de convergencia. En segundo lugar, el Congreso podrá resguardar que los constituyente se elijan a través del sufragio directo, personal y secreto, en representación de un distrito o territorio, y asegurando que existan los mecanismos de libertad de expresión y financiamiento público que aparten el conflicto de interés y la injerencia del dinero, además de una adecuada promoción de los independientes junto a los partidos políticos.

El Proceso Constituyente es una inmensa oportunidad para abrir el diálogo y despejar las dudas que existen en distintos actores. Es de lo más realista insistir que en cualquier cambio que posibilite una Nueva Constitución se requerirá del más amplio pacto político y social posible.

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